En ciertas ocasiones, las empresas se pueden declarar en situación de insolvencia al no poder cumplir con las obligaciones financieras que tienen. Para ello está el concurso de acreedores, en el que se inicia un procedimiento para tratar de garantizar la continuidad de la empresa.
Es un proceso legal en el que una persona física o jurídica no puede hacer frente a las obligaciones económicas, así se trata de organizar todas las finanzas con el objetivo de resolver esos problemas por falta de liquidez y solvencia. La idea es que el máximo número de acreedores puedan cobrar la máxima cantidad de dinero posible, facilitando la continuidad del negocio y evitando la quiebra.
La declaración del concurso de puede hacer tanto de manera voluntaria por parte del deudor insolvente como por parte de alguno de los afectados. En el primer caso el deudor debe demostrar el estado de insolvencia que tiene, así como su incapacidad económica. Cuando es presentado por el acreedor, hay que incluir la solicitud, los datos sobre el origen y la naturaleza del crédito, el importa, las fechas de adquisición y vencimiento…
El empresario tendrá la obligación de solicitar el concurso en un plazo de dos meses, donde se comprueba si existe situación de insolvencia, tanto futura como actual. También se pueden establecer negociaciones de refinanciación con los acreedores, lo que ayuda a aumentar dicho periodo.
Así, se considera que las obligaciones no se pueden cumplir de forma regular cuando para hacerlo, requieren de un endeudamiento que solo da la apariencia de solvencia.
Dentro del concurso de acreedores encontramos diferentes fases, la común en la que se tratan diferentes aspectos como el nombramiento de los administradores concursales, la determinación del patrimonio y la identificación de activos pasivos y la fase de resolución, donde su propio nombre indica se busca una resolución del concurso.